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La reciente decisión de extinguir 13 de los 14 fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha generado un debate significativo en México. Esta medida, que implica la obligación de reintegrar a la Tesorería 14 mil 434 millones de pesos, ha sido vista por algunos como una vulneración al contrapeso de poderes esencial para el estado de derecho.
Los fideicomisos del PJF son parte integral de los derechos laborales de los trabajadores del poder judicial. Al menos seis de estos fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, incluyendo seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos derechos están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enfatizado que estos fideicomisos no son prestaciones adicionales, sino que forman parte de los derechos adquiridos de los trabajadores. De hecho, el 60% del personal del PJF es operativo y es el principal beneficiario de los fideicomisos.
La división de poderes tiene como objetivo evitar la concentración del poder del Estado en un solo órgano o persona, evitando así abusos de autoridad que deriven en un régimen autoritario o tiránico. En este contexto, la SCJN juega un papel crucial como contrapeso en el sistema de gobierno mexicano.
La extinción de los fideicomisos ha sido vista como una vulneración a este contrapeso. La SCJN, en su función limitativa entre poderes, tiene el deber de revisar y disponer sobre las acciones que tomen los otros poderes que puedan afectar el orden constitucional. Al eliminar estos fideicomisos, se está limitando la operatividad del PJF, lo cual perjudica el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.
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